Protegen tiburón ballena en Panama

cropped-great-white-shark.jpgA partir de ahora está prohibida la pesca del tiburón ballena, así como su cautiverio y su comercialización en el país. Así lo dispone el Decreto Ejecutivo del 21 de abril de 2009, promulgado ayer en Gaceta Oficial.   La directora de la Fundación MarViva, Gabriela Etchelecu, dijo estar complacida con la medida. Informó que estos animales son inofensivos y son considerados un atractivo para el ecoturismo. El científico del Smithsonian Héctor Guzmán fue uno de los que respaldó el decreto.

Por:  Eliana Morales Gil

Abril 29, 2009  Tomado de Via Rápida  – Diario La Prensa.



Restablecen protección a Parque Nacional Coiba

Restablecen prohibición de pesca en la isla Coiba

El pleno de la Asamblea Nacional de Panamá revirtió ayer el artículo que permitía la pesca de atún con redes de cerco en el Pacífico panameño, luego de seis meses de presiones por parte de grupos ambientalistas.

La propuesta fue incluida por insistencia del diputado suplente Luis Barría, junto con un grupo de diputados de oposición, quienes amenazaron con pedir la verificación del quórum para tumbar la sesión si no se discutía este proyecto. Los diputados oficialistas pretendían que se discutiera primero el proyecto sobre islas y costas, pero no contaban con el quórum reglamentario (40 diputados de los 79) para proceder con la discusión.

El “golazo” legislativo, como lo calificó el propio presidente de la República, Martín Torrijos, fue aprobado el pasado 28 de junio de 2008 en medio de la discusión de un proyecto sobre comercio marítimo, el cual se convirtió en la Ley 55 del 6 de agosto de 2008.

Fuente: Artículo de Leonardo Flores – Diario La Prensa – prensa.com

Mar 24, 2009-

A tercer debate ley que restringe el uso de redes de cerco

Los diputados restablecieron ayer la prohibición con redes de cerco en la isla de Coiba. Tras su aprobación en segundo debate, la iniciativa entró al tercer y último debate. El proyecto fue aprobado tras un acuerdo entre diputados oficialistas y de oposición, y varios intentos de alteración del orden de día por parte del diputado suplente Luis Barría, que incluso produjo la suspensión de la sesiones por falta de quórum. Dicho artículo había sido eliminado al aprobarse una ley sobre comercio marítimo.
Fuente:   Artículo de
Leonardo Flores – Sección Vía Rápida – Diario La Prensa – prensa.com.

Es legal la minería en Panamá?

Muchos tenemos la percepción de que la legalidad en  Panamá,  en  muchos casos,  se subordina al poder económico o político,  que antepone sus  propios intereses y su ambición de ganancias  al respeto a la Ley y a la protección del medio ambiente,  sin que la autoridad de la Ley y la voluntad y acción  de los  designados para hacerla cumplir,  lleguen a imponerse.torre-panama-viejo

Para muestra,  los invito a leer el escrito de una respetada ambientalista panameña abogada y periodista que permanente mantiene su voz en alto en la lucha por el respeto a las leyes y el medio ambiente.  El artículo ha sido tomado del Diario La Prensa de Panamá.

PINTADA DE VERDE
Lina Vega Abad
lina@prensa.com   Sabado 28 febrero 2009

RÉCORD. Los señores de Petaquilla Gold –liderados por Richard Fifer y su diligente abogado José Gabriel Carrizo– no están dispuestos a rendirse. Total, si nadie ha logrado detenerlos… una más, qué importa. Ahora han decidido que no; que a ellos ni la Anam (Autoridad Nacional del Ambiente) ni nadie los obliga a pagar la multa de un millón de dólares impuesta por la destrucción ocasionada en el área de Donoso… y si te vi, no me acuerdo.

La verdad es que estamos en presencia de un caso digno de libro de récord Guinness. La original Minera Petaquilla –hoy dividida en un proyecto de oro y otro de cobre– empezó los trabajos en campo sin haber hecho un estudio de impacto ambiental (EIA). En el año 2005, la Anam tuvo que preguntarle al Mici si sabía algo de una empresa minera que trabajaba en Coclesito, después de recibir las primeras denuncias. Tras una larga pataleta judicial, finalmente presentaron un EIA que fue aprobado en 2008 de forma condicional. Es decir, antes de empezar, debían cumplir una larga lista de exigencias. ¿Antes de empezar?  Pero si no han parado desde el año 2005.  Y en las gestiones para el cobro de la fianza ambiental que la empresa debió cumplir, según el contrato, la Anam parece haberse quedado sola.

¿Necesitamos más pruebas de que nuestra institucionalidad es un chiste? ¿No es este un caso de evidente irrespeto a las autoridades que debía conducir de forma ineludible a la cancelación del contrato de concesión obtenido en 1997? ¿Por qué no se hace? ¿Por qué tanto silencio en el Palacio de las Garzas sobre el tema? Raro, muy raro. Por lo pronto una noticia refrescante que viene de El Salvador. Allá, el presidente, Antonio Saca, declaró que no dará los permisos de explotación minera a la empresa Pacific Rin, y que prefiere enfrentar un arbitraje internacional que permitir el daño al ambiente que esa actividad ocasionaría en su país. Ojo, señores candidatos.

Sigue protesta por cambio de ley (Ley 12) de construcción en areas del canal

¿Quién defiende la legalidad?

por Paco Gómez Nadal

Los magistrados de la Corte Suprema están perturbados. Desde hace 90 días, unas señoras terriblemente insistentes se empeñan en recordarles que la realidad existe fuera del “palacio” donde, aislados del mundanal ruido, toman decisiones que destrozan o apañan vidas reales.

El ruido se les metió a las oficinas. Estas señoras –aunque también se suman hombres a la lucha vocal– les gritan todas las mañanas que lo que hicieron al legitimar el cambio de reglas del juego respecto a las construcciones en las áreas revertidas (Ley 12) no solo es una vergüenza, sino que supone una burla al estado de derecho. El Mivi hizo la trastada y nuestra injusticia oficial la avaló.

Las vecinas y vecinos de las áreas revertidas se están convirtiendo en ejemplo de tenacidad y de dignidad. Son el extremo opuesto –en cuanto a clases sociales– a los campesinos y campesinas que acamparon durante semanas en Plaza Catedral y a los que el Presidente estafó dos veces: una por priorizar los intereses de los inversionistas por los de los ciudadanos, la segunda por recibirlos y hablar de compromisos solo para que levantaran las carpas de la dignidad y dejaran de afear la ciudad. A los dos movimientos los une la defensa de sus derechos y la protección ante la discrecionalidad del poder, acostumbrado a utilizar a los ciudadanos en función de sus intereses.

Algo está pasando. Ante la terrible venta a cachitos de este magnífico país –en Panamá no solo la sonrisa de Blades es gratis, también los apaños, la aprobación de los estudios de impacto ambiental mentirosos, y los cambios de zonificación de los terrenos–, cada vez más movimientos comunitarios y ciudadanos se levantan para proteger no solo sus vidas sino la legalidad y la tan cacareada institucionalidad.

Miren que curioso: mientras los ultraderechistas de pro y los funcionarios del gobierno acusan a cualquier movimiento de protesta de querer desestabilizar el país y de ser el brazo gritón del bolivariano movimiento chapista, resulta que en realidad lo que piden los ngöbe de Charco La Pava, los naso de Bonyic, los vecinos de San Carlos, los residentes de las áreas revertidas, los ambientalistas, los defensores de derechos humanos y demás seres bellos que dedican tiempo y energía a estas luchas es, simplemente, que las leyes de la República se cumplan y que los ministerios y autoridades varias del Estado (incluida la Justicia y la Asamblea) ejerzan a cabalidad las funciones que les atribuye la Constitución.

El problema del país, entonces, no es de fragilidad institucional sino de escapismo institucional. Obviamente, nada tiene que ver esta omisión con una vagancia genético–cultural o con el calor tropical –típicas excusas para limpiar de responsabilidad a los funcionarios–, sino con un complejo entramado de intereses de los que se enriquecen a costa de este país todos los días. En realidad, la única legalidad que atenta contra el buen funcionamiento de las cosas es la que tiene que ver con las sociedades anónimas y fundaciones privadas, que llena los bolsillos de los despachos de abogados locales al tiempo que impide la transparencia en un juego de confidencialidad que ha privatizado el cohecho y la corrupción de todo tipo.

Son pocas y pocos los que han decidido dar el paso de la movilización social, es cierto. Pero las semillas son así, pequeñas y esparcidas, y en cuanto el jardinero se despista tiene una plaga de paja canalera inundando su predio.

La semana pasada, a la misma hora en que unas 40 personas celebraban el primer aniversario del Centro de Incidencia Ambiental (Ciam), imagino que Albrook Mall o Multiplaza debían estar a reventar de consumidores ajenos a los abusos de los que son víctimas todos los días. Esas 40 personas celebraban con cierto gesto de tristeza porque a la gente de Ciam se le ocurrió poner sobre un mapa todas las concesiones otorgadas por este gobierno para minería mineral a cielo abierto, para hidroeléctricas, para extracción de arena del mar y para complejos turísticos. Lo que quedaba no era el mapa de Panamá, sino un territorio perforado que no respeta parques naturales ni asentamientos humanos. Las miles que se entretenían en el ruido y la sobreoferta de las nuevas catedrales del siglo XXI algún día deberán agradecer a la minoría activa que comenzaran a defender los intereses comunes en este mundo de individualismo.

Por mi parte solo tengo dos deseos. El primero es que todos estos movimientos sociales aguanten el tiempo necesario, que no se desanimen ante el tamaño de los retos. El segundo es que Martín Torrijos, Ligia Castro, Balbina Herrera, Andy Ferrer, Colamarco, Delgado Diamante y el resto de sus cómplices –cualquiera que tenga un cargo de responsabilidad en el Gobierno–, así como los empresarios panameños que se están llenando los bolsillos a costa de este país y de sus gentes sufran de un insomnio eterno que los haga arrastrar unas ojeras inmunes al botox y a las operaciones estéticas que bien se pueden ganar. Que así sea.

[C. cede este espacio hoy para denunciar cómo AES Changuinola ha desalojado forzosamente de sus casas en Charco La Pava a las familias de Carmen Santos, Melita Ábrego y José Morales. Todo por el desarrollo, mientras usted lee este artículo en su casa. No esté tan seguro… algún día el desarrollo puede pasar por en medio de ella].

El autor es periodista  y columnista de Opinión en el Diario La Prensa de Panamá.

Este artículo fue publicado en La Prensa, hoy martes 7 de octubre de 2008

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